La Constitución protege el derecho de todas las personas a las garantías procesales y al trato humano durante el encarcelamiento, independientemente de su raza, situación socioeconómica, edad, sexo, expresión de género u orientación sexual.
ACLU lleva mucho tiempo en la vanguardia de la lucha contra los abusos policiales y los fallos del sistema de justicia penal para proteger los derechos del debido proceso. Trabajamos para garantizar que los derechos constitucionales se apliquen a todos, independientemente de la raza, la etnia o la economía.
Nos comprometemos a llevar a cabo una reforma integral de nuestro sistema jurídico penal, que incluya la prevención de la participación innecesaria de menores en el sistema, el fin de la elaboración de perfiles raciales, el replanteamiento de las leyes de condenas mínimas obligatorias por consumo de drogas, la garantía de una representación adecuada para las personas acusadas de delitos, el desvío de los drogadictos de las prisiones al tratamiento, el respeto de los derechos humanos y constitucionales de las personas que se encuentran en nuestros centros penitenciarios, la defensa de una reincorporación digna a la comunidad y el fin del sistema quebrantado de la pena de muerte.
